PLANACON, simulacros e IMDG 42/24: cómo mide Argentina su capacidad real ante derrames
La Prefectura Naval Argentina coordina inspecciones, convalidaciones anuales, simulacros y una nueva regulación técnica para mercancías peligrosas que entrará en vigor en 2026. Más allá de la norma, el desafío es si la red operativa puede detectar, aislar y limpiar derrames con rapidez, garantizando una respuesta efectiva ante incidentes en aguas nacionales.
La respuesta argentina ante derrames en aguas de jurisdicción nacional depende de una cadena operativa más compleja que un protocolo escrito. La página oficial de Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina describe un esquema que combina patrullaje, inspecciones, simulacros y capacidad de limpieza sobre más de 205.000 millas náuticas. En ese marco, el dato relevante no es solo si existe una regla, sino cuán rápido puede activarse una respuesta efectiva cuando el incidente ya ocurrió.
Bajo el Plan Nacional de Contingencia, PLANACON, la Prefectura interviene sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y exige a las empresas inspecciones iniciales y convalidaciones anuales. También revisa planes de emergencia y de gestión de basura de a bordo. Esa capa preventiva convive con una lógica de entrenamiento que la propia fuerza viene mostrando en distintos puntos del país. Entre los ejercicios informados figuran simulacros en Arroyo Seco, San Lorenzo, Dock Sud, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, con seguimiento virtual mediante OILMAP.
A ese dispositivo se suma un cambio regulatorio relevante. La enmienda IMDG 42/24 entra en vigencia el 1 de enero de 2026 y endurece reglas para el transporte, embalaje, estiba y segregación de ciertas mercancías peligrosas por vía marítima. En marzo de 2025, además, la Prefectura y el Grupo Internacional de Clubes de P&I realizaron una jornada conjunta de preparación para reforzar protocolos ante siniestros graves.
La lectura técnica es que el riesgo ambiental no se agota en la probabilidad de un derrame. También depende del tiempo que tarda el sistema en detectarlo, aislarlo y limpiarlo. Por eso la capacidad de respuesta pesa tanto como la norma. La Prefectura señala además que, si el responsable no ejecuta la limpieza, la fuerza puede asumirla y facturar los gastos, un mecanismo que presiona por una reacción más inmediata.
El punto más sensible sigue siendo la escala real de la red disponible. La misma página oficial indica que hoy existen tres empresas con categoría marítima A-1 y una con categoría A-2 para control de derrames. Ese número no parece amplio si el tráfico portuario y marítimo continúa creciendo. La discusión, entonces, pasa por si la capacidad contratada y los ejercicios de respuesta evolucionan al mismo ritmo que el riesgo operativo.
Bajo el Plan Nacional de Contingencia, PLANACON, la Prefectura interviene sobre contaminación por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas y exige a las empresas inspecciones iniciales y convalidaciones anuales. También revisa planes de emergencia y de gestión de basura de a bordo. Esa capa preventiva convive con una lógica de entrenamiento que la propia fuerza viene mostrando en distintos puntos del país. Entre los ejercicios informados figuran simulacros en Arroyo Seco, San Lorenzo, Dock Sud, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, con seguimiento virtual mediante OILMAP.
A ese dispositivo se suma un cambio regulatorio relevante. La enmienda IMDG 42/24 entra en vigencia el 1 de enero de 2026 y endurece reglas para el transporte, embalaje, estiba y segregación de ciertas mercancías peligrosas por vía marítima. En marzo de 2025, además, la Prefectura y el Grupo Internacional de Clubes de P&I realizaron una jornada conjunta de preparación para reforzar protocolos ante siniestros graves.
La lectura técnica es que el riesgo ambiental no se agota en la probabilidad de un derrame. También depende del tiempo que tarda el sistema en detectarlo, aislarlo y limpiarlo. Por eso la capacidad de respuesta pesa tanto como la norma. La Prefectura señala además que, si el responsable no ejecuta la limpieza, la fuerza puede asumirla y facturar los gastos, un mecanismo que presiona por una reacción más inmediata.
El punto más sensible sigue siendo la escala real de la red disponible. La misma página oficial indica que hoy existen tres empresas con categoría marítima A-1 y una con categoría A-2 para control de derrames. Ese número no parece amplio si el tráfico portuario y marítimo continúa creciendo. La discusión, entonces, pasa por si la capacidad contratada y los ejercicios de respuesta evolucionan al mismo ritmo que el riesgo operativo.
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Escribo sobre transición energética, sustentabilidad e integración tecnológica con foco en factibilidad física, costos y escala. Comparo tecnologías más allá del discurso y ordeno qué soluciones son viables, cuáles siguen limitadas y qué condiciones exige cada escenario.
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