CONAE vigila las costas argentinas con imágenes radar del sistema SIASGE en 7 zonas de riesgo, desde el estuario del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. El programa arrancó en mayo de 2016 y promedia 25 imágenes por semana; entre ese inicio y noviembre de 2018, el organismo había analizado 4.124 escenas y detectado 18 posibles derrames de hidrocarburos. En ese mismo corte, Península Valdés concentró 6 alertas, Buenos Aires y Mar del Plata 3 cada una, Bahía Blanca 2, Estrecho de Magallanes 2, Banco Burdwood 1 y Golfo San Jorge 1. La vigilancia ya tiene mapa, frecuencia y series comparables.

La fortaleza del SAR es que observa de día y de noche y no depende de la nubosidad. La limitación es otra: una mancha oscura no es una prueba definitiva, sino una alerta que exige contraste con viento, rugosidad del mar y contexto operativo. Ahí aparece el costo real de la transición ambiental: no basta con detectar, hay que reducir el tiempo hasta el cierre.

La página oficial de protección ambiental de Prefectura dice que la fuerza mantiene una estructura funcional-operativa de primera respuesta, patrulla más de 205.000 millas náuticas y realiza ejercicios de control de derrames en Golfo San Jorge. También aclara que, si el responsable del incidente no actúa, Prefectura asume la limpieza y luego factura los gastos. Ese es el umbral que separa un evento contenido de uno que escala en costo ambiental y operativo.

La otra bisagra es regulatoria: desde el 1 de enero de 2026 rige la Enmienda 42-24 del Código IMDG. La señal a seguir ya no es si aparece una norma nueva, sino si CONAE, Prefectura o el Boletín Oficial mueven piezas adicionales de monitoreo, simulacros o logística para que la detección no llegue tarde.