La presentación de AMBA I ante inversores, realizada el 8 de octubre de 2026, trasladó el debate desde el anuncio de infraestructura a una pregunta regulatoria concreta: qué obligaciones y riesgos asumirá cada parte antes de la adjudicación. Esa precisión no es accesoria en una obra estimada en USD 800 millones, con dos etapas de inversión previstas en 52 meses.

Según la Secretaría de Energía, el proyecto contempla 270 kilómetros de líneas de 500, 220 y 132 kV y 2.160 MVA de potencia incorporada. La escala explica la decisión de estructurarlo como concesión de obra: el inversor privado realizaría el desembolso en vez de una ejecución directa del Estado. Pero ese diseño exige que los pliegos hagan trazable la ecuación económica, no sólo que describan los activos a construir.

El primer punto es la asignación de riesgos. Deben quedar definidos los hitos de obra, los indicadores de disponibilidad, las penalidades por incumplimiento, el tratamiento de demoras ajenas al concesionario y el procedimiento para resolver controversias. Sin esa matriz, el precio ofertado puede ocultar contingencias que luego se trasladan a usuarios, al sistema o al propio Estado.

El segundo es el financiamiento. La garantía del BID mencionada por el Gobierno continúa en proceso de aprobación y depende del Directorio Ejecutivo del organismo. Por lo tanto, no debe presentarse como un respaldo ya disponible: los documentos licitatorios necesitan indicar qué ocurre si se retrasa, se modifica o no se materializa, y quién absorbe ese riesgo.

También conviene separar el régimen de promoción de la adjudicación. El futuro concesionario podrá solicitar la adhesión al RIGI, pero la comunicación oficial no afirma que el beneficio esté otorgado. Los pliegos deberían explicitar los supuestos bajo los cuales cambian los flujos del proyecto y preservar la comparabilidad entre ofertas.

AMBA I es el primero de 16 proyectos del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que proyecta más de USD 6.600 millones y 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV. Por eso, la próxima señal a monitorear es la publicación de los pliegos y, en particular, la matriz de riesgos, las garantías exigidas y el mecanismo de control de la concesión. Allí se medirá si la licitación convierte financiamiento potencial en infraestructura ejecutable.