RIGI ampliado y transporte de gas reordenado: Energía redefine el contrato regulatorio
El Gobierno argentino ajustó el contrato regulatorio del gas con dos medidas principales: amplió el RIGI para fomentar nuevos desarrollos hidrocarburíferos costa adentro y reorganizó el sistema de transporte de gas natural bajo la emergencia vigente. Estas acciones buscan atraer inversiones y optimizar la capacidad, reduciendo la discrecionalidad y mejorando la eficiencia energética.
Argentina está moviendo su contrato regulatorio del gas en dos planos al mismo tiempo. El 19 de febrero, el Decreto 105/2026 modificó el Decreto 749/2024 y amplió el RIGI para nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. El 13 de marzo, la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía ordenó reconfigurar el sistema de transporte de gas natural dentro de la emergencia prorrogada por el DNU 49/2026.
La novedad no está solo en el incentivo, sino en la definición de elegibilidad. Según el texto oficial, los nuevos desarrollos son proyectos ubicados en áreas que al momento de la Ley 27.742 no tenían un desarrollo significativo y que, al pedir la adhesión al régimen, no registran inversiones en explotación o producción. El criterio busca separar proyectos realmente nuevos de activos ya maduros que podrían intentar reetiquetarse para capturar beneficios.
En paralelo, la Resolución 66/2026 cambia la lógica del transporte. La Secretaría de Energía pidió optimizar la asignación de capacidades al menor costo posible para los usuarios, sin desatender el suministro y sin afectar los ingresos requeridos por las licenciatarias en la revisión quinquenal tarifaria completada en 2025. La Resolución ENARGAS 346/2026, publicada el 20 de marzo, toma esa decisión y la baja a implementación regulatoria.
El patrón es claro: el Estado no solo quiere atraer capital a proyectos nuevos, también intenta corregir la asignación de capacidad en una infraestructura que venía administrada con contratos y urgencias superpuestos. La actualización que informó Vista Energy en la CNV sobre los activos de Equinor en Vaca Muerta, el 19 de febrero, sugiere que el mercado sigue moviendo activos mientras el marco regulatorio se redefine.
La lectura institucional es que la próxima etapa debería estandarizar mejor ese rediseño con criterios públicos de reasignación, plazos de transición y plantillas contractuales más homogéneas. Sin eso, el sistema seguirá dependiendo de decisiones caso por caso. Lo que va a mirar el mercado es si la nueva arquitectura reduce discrecionalidad o solo la desplaza.
La novedad no está solo en el incentivo, sino en la definición de elegibilidad. Según el texto oficial, los nuevos desarrollos son proyectos ubicados en áreas que al momento de la Ley 27.742 no tenían un desarrollo significativo y que, al pedir la adhesión al régimen, no registran inversiones en explotación o producción. El criterio busca separar proyectos realmente nuevos de activos ya maduros que podrían intentar reetiquetarse para capturar beneficios.
En paralelo, la Resolución 66/2026 cambia la lógica del transporte. La Secretaría de Energía pidió optimizar la asignación de capacidades al menor costo posible para los usuarios, sin desatender el suministro y sin afectar los ingresos requeridos por las licenciatarias en la revisión quinquenal tarifaria completada en 2025. La Resolución ENARGAS 346/2026, publicada el 20 de marzo, toma esa decisión y la baja a implementación regulatoria.
El patrón es claro: el Estado no solo quiere atraer capital a proyectos nuevos, también intenta corregir la asignación de capacidad en una infraestructura que venía administrada con contratos y urgencias superpuestos. La actualización que informó Vista Energy en la CNV sobre los activos de Equinor en Vaca Muerta, el 19 de febrero, sugiere que el mercado sigue moviendo activos mientras el marco regulatorio se redefine.
La lectura institucional es que la próxima etapa debería estandarizar mejor ese rediseño con criterios públicos de reasignación, plazos de transición y plantillas contractuales más homogéneas. Sin eso, el sistema seguirá dependiendo de decisiones caso por caso. Lo que va a mirar el mercado es si la nueva arquitectura reduce discrecionalidad o solo la desplaza.
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Escribo sobre regulación, diseño institucional y reformas del sector energético con foco en evidencia comparada. Examino normas, contratos, sanciones y conflictos laborales para identificar fallas del esquema actual y proponer alternativas concretas.
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