La Superintendencia de Riesgos del Trabajo reordenó en 2026 una etapa sensible de los expedientes por accidentes laborales: el cierre médico cuando hay que medir secuelas físicas o evaluar daño psíquico. Las resoluciones SRT 7/2026 y 8/2026 fueron dictadas el 28 de enero de 2026 y entraron en vigencia el 2 de febrero de 2026.

La Resolución 7/2026 aprobó un nuevo Protocolo de Estudios Mínimos para la valoración del daño corporal y la determinación de la incapacidad. El cambio central es operativo: las ART y los empleadores autoasegurados deben garantizar los estudios complementarios de diagnóstico en forma previa o concomitante al alta médica, al fin de tratamiento o al cese de la incapacidad laboral temporaria por vencimiento del plazo legal.

Ese mismo texto además derogó las resoluciones SRT 886/2017 y 3/2021, por lo que el régimen anterior de estudios mínimos quedó reemplazado de manera integral. Para los trámites ante comisiones médicas, eso implica trabajar con un protocolo actualizado y con exigencias documentales unificadas bajo el nuevo baremo aprobado por el Decreto 549/2025.

La Resolución 8/2026 sumó el frente de salud mental. La SRT aprobó un Protocolo de Prestaciones en Salud Mental de cumplimiento obligatorio para ART y empleadores autoasegurados dentro de las prestaciones en especie previstas por la Ley 24.557.

La norma fijó además un plazo concreto: la evaluación en salud mental debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la toma de conocimiento de la contingencia o de las afecciones que requieran esa valoración. Si existen condiciones médicas que impidan hacerla, el plazo empieza a correr cuando el trabajador esté en condiciones de ser evaluado.

Con este esquema, la SRT buscó que la valoración de incapacidad y el abordaje de secuelas psíquicas queden integrados más temprano en el expediente, con estudios mínimos definidos y tiempos de respuesta expresos desde el inicio del proceso.