La Cámara de Senadores avanza en la aprobación de un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que implicaría el mayor rediseño institucional del sector desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006. El proyecto sustituye los precios máximos fijados administrativamente por un mecanismo de paridad de importación, introduce mandatos de mezcla crecientes y crea un mercado electrónico administrado por un organismo independiente.

El problema de diseño del régimen vigente

El modelo actual opera bajo una lógica de precios controlados: el Estado determina el precio al que las refinadoras adquieren bioetanol y biodiésel. El resultado es una transferencia sostenida del sector downstream hacia los productores de biocombustibles. La consultora Economía y Energía cuantificó el costo acumulado en USD 6.500 millones en los últimos 15 años y en USD 300 millones solo en 2025. Mauricio Martin, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, señaló que los biocombustibles cotizan actualmente un 40% por encima de los combustibles fósiles —con picos del 80%—, y estimó que elevar el corte de biodiésel al 10% trasladaría un incremento del 3% al precio del combustible para el consumidor.

El nuevo diseño y sus tensiones regulatorias

El proyecto modifica tres variables de forma simultánea. Primero, reemplaza el precio máximo por paridad de importación con válvula de acceso: si el precio local supera la paridad, se habilita la importación. Segundo, fija un mandato de mezcla escalonado: 12% de bioetanol en naftas al inicio, con ascenso al 15% al año de vigencia; 7,5% de biodiésel en gasoil, con ascenso al 10% en el mismo plazo. Tercero, elimina la segmentación geográfica vigente y crea un Mercado Electrónico de biocombustibles bajo un organismo independiente, con un tope de participación del 14% anual por empresa no integrada en el segmento regulado.

La combinación de precio libre con demanda garantizada por mandato crea una señal regulatoria potente para el inversor: el costo de producción puede fluctuar, pero el volumen de compra está fijado por ley.

La inversión privada anticipa la señal

Bio4, productor de bioetanol con base en Río Cuarto, Córdoba, anunció una inversión de USD 70 millones en tres años para ampliar su planta de 500 a 900 metros cúbicos diarios. Según Tomás Beamonte, CEO de la empresa, la señal del corte del 15% fue determinante para tomar la decisión de expansión antes de la promulgación formal de la ley.

Rediseño institucional pendiente

El texto resuelve el mecanismo de precio pero deja abiertos nodos críticos: el diseño del organismo independiente que administrará el mercado electrónico, los criterios de elegibilidad en el segmento regulado y el tratamiento del segmento general frente a la apertura importadora. La arquitectura de ese mercado determinará si la competencia prometida se efectiviza o si reproduce los desequilibrios actuales bajo otro formato institucional.

Señales a monitorear: aprobación final y reglamentación del organismo independiente; primeros precios de paridad de importación una vez vigente la ley; tasa de ajuste del mercado doméstico de bioetanol ante el mandato del 15%.