El 11 de agosto de 2026, el gobierno nacional lanzó la licitación AMBA I y, con eso, introdujo en Argentina un cambio de régimen que va más allá de la infraestructura: por primera vez, el capital privado global fue convocado a construir, operar y mantener líneas de transmisión eléctrica de alta tensión bajo las reglas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La operación es concreta: USD 800 millones, 270 km de nuevas líneas en 500 kV, 220 kV y 132 kV, y 2.000 MW de capacidad adicional para el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional. El plazo de construcción es de 52 meses en dos fases, con presentación de sobres técnicos y financieros prevista para diciembre de 2026.

Pero el significado estratégico de AMBA I excede los kilómetros de cable. El adjudicatario podrá acceder al RIGI, que garantiza estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldará el proyecto con una garantía financiera. Juntos, esos dos instrumentos —RIGI y BID— convierten la red eléctrica en el primer activo de infraestructura crítica que Argentina coloca explícitamente bajo las reglas del capital internacional para reducir el riesgo percibido por el inversor externo.

Desde el realismo estratégico, la decisión tiene una lógica clara: Argentina no puede exportar el superávit energético de Vaca Muerta sin una red de transporte eléctrico que soporte el crecimiento de la demanda y la generación. La alternativa al RIGI era el financiamiento estatal, que no existe en la escala requerida. El Plan Nacional de Expansión del Transporte Eléctrico (PNET) contempla 16 proyectos por USD 6.600 millones; ninguno podría fondearse con presupuesto sin comprometer la austeridad fiscal que el propio modelo requiere.

El BID como garante no es un detalle técnico: es la señal de que Argentina eligió anclar el riesgo soberano en una institución multilateral para hacer el proyecto bankable para inversores que no confían en la promesa unilateral del Estado argentino.

La pregunta que queda abierta es de segunda derivada: ¿quién supervisará la calidad del servicio cuando el operador concesionado tenga un contrato de 30 años con blindaje regulatorio? El diseño definitivo del contrato de concesión —cuando se conozca— dirá más sobre la arquitectura de gobernanza que el propio llamado a licitación.

Señales a monitorear: los pliegos definitivos de AMBA I, la identidad de los consorcios que precalifiquen en diciembre de 2026, y si los proyectos 2 al 16 del PNET replican o modifican el esquema RIGI-BID. La cadencia de esas decisiones marcará si el modelo se consolida como política de Estado o si AMBA I queda como un experimento piloto.