En mayo de 2026, Chubut ejerció la potestad que le otorga el artículo 65 de la Ley Nacional 17.319 para extinguir administrativamente una concesión de explotación. El Decreto provincial 1505, firmado el 17 de mayo, declaró caduca la concesión de YPF en el área Restinga Alí —un bloque de producción convencional en los alrededores de Comodoro Rivadavia— y ordenó la reversión de activos e instalaciones a Petrominera Chubut en diez días hábiles.

La extinción no fue un accidente regulatorio: YPF argumentó insuficiencia de rentabilidad y optó por no renovar. Para la provincia, esa salida activó el mecanismo legal y abrió el espacio para un rediseño institucional concreto.

El problema que reveló la transición

Petrominera Chubut asumió la operación con el apoyo de COPESA y en pocas semanas ejecutó trabajos de workover, reparó la planta procesadora y rehabilitó las cañerías principales. La producción saltó de 34 a 51 metros cúbicos diarios, un incremento del 50%. El dato pone en cuestión el argumento de insuficiencia rentable que justificó la salida del operador: con inversión operativa básica, el bloque respondió.

Las obligaciones de remediación ambiental quedaron bajo la órbita de YPF, con supervisión del Ministerio de Hidrocarburos, la Secretaría de Trabajo y el organismo ARECH, conforme a la Ley Provincial XVII N° 162. Ese flanco ambiental requiere seguimiento: es habitual que las contingencias pasivas queden sub-aseguradas cuando el operador saliente ya no tiene intereses en el área.

El modelo propuesto

El 12 de junio de 2026, Chubut lanzó el Concurso Público Nacional e Internacional N° 01/2026 para adjudicar el área. La innovación está en la arquitectura contractual: el adjudicatario deberá operar bajo el esquema de Unión Transitoria con Petrominera Chubut como socio estructural obligatorio. Los pliegos tienen un costo de USD 10.000 y la apertura de sobres está prevista para el 31 de agosto de 2026 en la sede de Petrominera en Comodoro Rivadavia.

El Ministro de Hidrocarburos Federico Ponce y el presidente de Petrominera Héctor Millar enmarcaron el proceso como una garantía para el empleo local. El diseño, sin embargo, tiene un alcance mayor: al convertir a la empresa estatal provincial en socio estructural, la provincia retiene información técnica, presencia operativa y parte de los flujos del bloque, reduciendo la asimetría informacional que históricamente perjudica al Estado cuando un privado opera un área convencional madura.

El modelo Restinga Alí es, en esencia, un ensayo de soberanía concesional activa: la provincia no solo recupera el bloque sino que condiciona su reasignación a una participación estatal vinculante.

Señales a monitorear

La apertura de sobres del 31 de agosto definirá si el modelo de Unión Transitoria atrae empresas con capacidad técnica y financiera, o si la exigencia del socio obligatorio comprime la competencia. En paralelo, el cumplimiento ambiental de YPF será la prueba de que el marco regulatorio tiene dientes más allá de la extinción del título concesional.