La reconfiguración del sistema de transporte de gas natural en Argentina no fue solo un ejercicio normativo. Cuando ENARGAS emitió la Resolución 409/2026 el 14 de abril de 2026, instruyó a distribuidoras y licenciatarias a celebrar nuevos contratos de transporte firme o adecuar los vigentes antes del 1 de mayo, en respuesta a la caída de producción en la cuenca noroeste y Bolivia y el crecimiento sostenido de la cuenca neuquina.

Dos semanas después, el regulador dio el paso siguiente: la Resolución 465/2026, publicada en el Boletín Oficial el 30 de abril, emplazó a Distribuidora de Gas del Centro S.A. a cumplir en un plazo de 10 días hábiles bajo apercibimiento de procedimiento sancionatorio formal. ENARGAS advirtió que el incumplimiento podría comprometer la seguridad del suministro a los usuarios del área.

El instrumental disponible

La intimación no llegó sola. Desde el 1 de enero de 2026, rige la actualización sancionatoria aprobada por la Resolución 973/2025, que ajustó las escalas de multas para licenciatarias en un 21,6% —aplicando la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) según el mecanismo habilitado por la Ley 24.076 y el Decreto 2255/92—. Las multas para prestadoras van desde $154.861 hasta $154.861.000, con un techo de $774.605.000 para incumplimientos reiterados o de grave repercusión social. Para terceros no prestadores, la actualización fue del 15,88%, con escalas que arrancan en $126.013.

La fricción institucional

La reconfiguración afecta a un conjunto amplio de actores: junto a Gas del Centro, la Resolución 409/2026 involucra a Naturgy NOA, Naturgy BAN, Camuzzi Gas del Sur, MetroGas, Litoral Gas y Gas NEA, además de usuarios industriales de peso como Ternium Argentina, YPF Energía Eléctrica y Arcor. Que solo Gas del Centro haya requerido una intimación formal expone una brecha de cumplimiento dentro del propio proceso de reconfiguración.

El caso muestra un patrón conocido en regulación energética: la norma general define la obligación, pero la ejecución efectiva exige presión individual cuando el incentivo de cumplir voluntariamente resulta insuficiente. En este caso, esa presión está respaldada por multas que, en el escenario agravado, superan los $774 millones.

Rediseño institucional

La experiencia sugiere tres ajustes para robustecer procesos de reconfiguración similares. Primero, establecer cronogramas de cumplimiento diferenciados por tamaño y capacidad operativa de cada licenciataria antes de la fecha límite general. Segundo, publicar como dato abierto el registro de contratos celebrados para habilitar monitoreo externo del proceso. Tercero, escalar la intensidad sancionatoria de forma progresiva —apercibimiento, multa, suspensión— en lugar de activar el procedimiento formal sin etapas intermedias visibles.

La señal clave a monitorear es la resolución del procedimiento iniciado contra Gas del Centro: si ENARGAS avanza hacia la sanción efectiva o extiende el plazo determinará si el apercibimiento operó como mecanismo real de cumplimiento o como formalidad de trámite antes del invierno.