La conexión eléctrica provincial sigue dependiendo de expedientes individuales

El mapa regulatorio de la electricidad provincial volvió a quedar expuesto en abril de 2026. Entre Corrientes, San Juan y Catamarca, una serie de actos oficiales mostró que la conexión de proyectos al sistema, la remuneración de transportistas y la habilitación de nuevas inyecciones siguen resolviéndose caso por caso, con ventanas de observación, jurisdicciones superpuestas y obras definidas para cada proyecto.

- El ENRE publicó el 10 de abril de 2026 la solicitud de acceso al SADI para el Parque Solar Fotovoltaico Bella Vista, de 7 MW, en Corrientes, y abrió un plazo de cinco días hábiles para observaciones.
- La conexión prevista cruza jurisdicciones: la línea Bella Vista-Desmochado queda bajo DPEC, mientras que la vinculación a barras de 33 kV en la ET Bella Vista depende de TRANSNEA.
- La Resolución 165/2026 abrió el expediente para una demanda de 260 MW vinculada a Josemaría y Filo del Sol en San Juan, con nuevas obras en 500 kV, 220 kV y una línea de extra alta tensión de 167 km.
- La Resolución 191/2026 aprobó valores horarios para DPEC como transportista independiente sobre 100,7 km de línea de 132 kV entre Monte Caseros y Paso de los Libres.
- La Resolución 15/2026 autorizó el ingreso al MEM del Parque Solar Del Valle, de 12 MW, en Catamarca, conectado a instalaciones de EC SAPEM.

La lectura institucional es incómoda pero clara: no hay un régimen provincial homogéneo para conectar, ampliar y remunerar infraestructura. Hay expedientes, resoluciones y arreglos puntuales. Eso encarece la coordinación, vuelve más lenta la bancarización del riesgo y obliga a cada proyecto a negociar su propia arquitectura de acceso.

El problema no es la ausencia de inversión, sino la forma en que se administra. Cuando una provincia define transportistas, otra tramita accesos y una tercera habilita nuevos agentes del MEM, el sistema termina organizándose por excepción. Para proyectos solares, mineros o de transporte, esa fragmentación no solo agrega tiempo: también agrega incertidumbre regulatoria.

La señal política que dejan estas resoluciones es que la transición eléctrica provincial todavía depende más de la administración del expediente que de reglas estables de red. Si el objetivo es atraer capital y reducir cuellos de botella, el rediseño tendría que apuntar a criterios uniformes de acceso, plazos públicos para observaciones y una metodología más previsible para remunerar redes provinciales que ya funcionan como infraestructura crítica.

Lo que conviene monitorear la próxima semana es simple: si aparecen nuevas solicitudes de acceso, si se amplían las obras asociadas a San Juan o Corrientes y si otras provincias repiten el mismo esquema de transportista independiente. Ahí se sabrá si abril dejó un caso aislado o una pauta regulatoria.