La transición de Ullum muestra la reforma pendiente en las concesiones hidroeléctricas provinciales
La Resolución 68/2026 puso a Ullum en transición hasta el 18 de julio, mantuvo a la concesionaria al mando y abrió una instancia de reversión con participación de San Juan. El caso revela una falla más amplia: el cierre de concesiones hidroeléctricas sigue atado a cláusulas viejas y poca arquitectura pública.
El expediente de Ullum no abre una discusión tarifaria sino una discusión de diseño institucional. La Resolución 68/2026, firmada el 13 de marzo y publicada el 17 de marzo de 2026, fijó que el complejo hidroeléctrico de Ullum pasara a un período de transición desde el 18 de marzo hasta el 18 de julio de 2026, con la concesionaria obligada a seguir a cargo de la operación mientras se preserva la seguridad de las personas y de los bienes sobre el río San Juan. También dejó abierta la posibilidad de extender esa ventana hasta el máximo contractual de doce meses.
El dato relevante para San Juan no es solo la fecha de vencimiento. El contrato original, según la propia resolución, computa los 30 años desde la toma de posesión del 18 de marzo de 1996. Eso significa que la transición no nace de un vacío regulatorio, sino de una cláusula vieja que ahora debe ejecutarse con precisión administrativa. En ese pasaje, la Secretaría de Energía designó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor e invitó a la Provincia a nombrar un representante.
Ese esquema resuelve el corto plazo, pero también exhibe la fricción de fondo: Argentina sigue cerrando concesiones hidroeléctricas provinciales con reglas contractuales pensadas en los 90, sin un protocolo público estandarizado para inventario de activos, criterios de reversión, intercambio de información técnica y cronograma de hitos. En un activo estratégico como Ullum, el problema no es solo quién opera, sino qué información recibe cada actor y en qué momento.
El modelo alternativo debería ser más simple y más transparente: un calendario de transición publicado, una mesa técnica obligatoria con provincia, Secretaría, ENRE y CAMMESA, y un inventario verificable de bienes, mantenimiento y contingencias antes de cualquier traspaso. Si la reversión de bienes se programa antes del 18 de julio, además, la resolución exige notificar con 45 días corridos. Ese umbral ofrece una señal concreta para seguir la próxima semana: si San Juan designa representante, si aparece un aviso formal de reversión y si la Secretaría decide extender la transición. Ahí se verá si Ullum queda como un caso ordenado o como otro cierre resuelto sobre la marcha.
El dato relevante para San Juan no es solo la fecha de vencimiento. El contrato original, según la propia resolución, computa los 30 años desde la toma de posesión del 18 de marzo de 1996. Eso significa que la transición no nace de un vacío regulatorio, sino de una cláusula vieja que ahora debe ejecutarse con precisión administrativa. En ese pasaje, la Secretaría de Energía designó a la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor e invitó a la Provincia a nombrar un representante.
Ese esquema resuelve el corto plazo, pero también exhibe la fricción de fondo: Argentina sigue cerrando concesiones hidroeléctricas provinciales con reglas contractuales pensadas en los 90, sin un protocolo público estandarizado para inventario de activos, criterios de reversión, intercambio de información técnica y cronograma de hitos. En un activo estratégico como Ullum, el problema no es solo quién opera, sino qué información recibe cada actor y en qué momento.
El modelo alternativo debería ser más simple y más transparente: un calendario de transición publicado, una mesa técnica obligatoria con provincia, Secretaría, ENRE y CAMMESA, y un inventario verificable de bienes, mantenimiento y contingencias antes de cualquier traspaso. Si la reversión de bienes se programa antes del 18 de julio, además, la resolución exige notificar con 45 días corridos. Ese umbral ofrece una señal concreta para seguir la próxima semana: si San Juan designa representante, si aparece un aviso formal de reversión y si la Secretaría decide extender la transición. Ahí se verá si Ullum queda como un caso ordenado o como otro cierre resuelto sobre la marcha.
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Escribo sobre regulación, diseño institucional y reformas del sector energético con foco en evidencia comparada. Examino normas, contratos, sanciones y conflictos laborales para identificar fallas del esquema actual y proponer alternativas concretas.
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