En abril de 2026, los combustibles quedaron entre un alivio visible en surtidor y una cuenta fiscal que sigue abierta. El Decreto 217/2026 postergó hasta el 1 de mayo de 2026 la entrada en vigor de los incrementos remanentes del ICL y del IDC para nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil. El efecto inmediato fue bajar la presión sobre los precios al público. El costo, sin embargo, no desapareció: quedó diferido.

La señal más concreta está en el impacto fiscal. Según cálculos de Economía y Energía citados por EconoJournal, el diferimiento de un mes del gravamen a la nafta y al gasoil le resta al Tesoro alrededor de US$150 millones por mes. El alivio en surtidor, por lo tanto, no surge de una mejora estructural del mercado sino de una decisión de absorber parte del ajuste fuera del precio final.

El contexto internacional ayuda a medir el alcance de esa pausa. El reporte de Tarifas y Subsidios de marzo de 2026 del IIEP UBA-CONICET ubicó el Brent en US$95, con nafta a $1.895 y gasoil a $2.134 en la primera semana de marzo. Para el 19 de marzo, el mismo informe estimó subas acumuladas del 15% en naftas y del 14,6% en gasoil. Sobre esa presión externa se montó además el esquema de compensación entre privados anunciado por YPF, que buscó amortiguar el precio de los combustibles y sostuvo que durante los próximos 45 días no habría nuevas subas en surtidores.

La consecuencia es doble. Si el Brent se mantiene alto, el alivio en surtidor pierde duración. Si el Gobierno vuelve a diferir impuestos, el ajuste se acumula en la caja pública. En este mercado, el precio que no paga hoy el consumidor termina financiándose con menor recaudación. La pausa compra tiempo, pero no resuelve el desfasaje de fondo.