El esquema sancionatorio del negocio del gas arrancó 2026 con un salto de escala. A partir de la Resolución 973/2025, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) puso en vigencia desde el 1 de enero un nuevo cuadro de multas para los incumplimientos alcanzados por la Ley 24.076, con valores bastante más altos para licenciatarias, subdistribuidoras, comercializadoras y también para terceros no prestadores.

El cambio no es menor porque redefine el costo económico de los desvíos regulatorios en un momento en el que la trazabilidad operativa, la seguridad y el cumplimiento documental pesan cada vez más en la cadena del gas. Según el cuadro oficial, las sanciones para terceros no prestadores quedaron en un rango de $126.050 a $126.050.344. Para licenciatarias, subdistribuidoras y comercializadoras, el piso quedó en $154.861 y el máximo en $154.861.696.

El dato más sensible aparece en el tramo agravado. Cuando el incumplimiento genera repercusión grave, pone en riesgo la seguridad, afecta la prestación o muestra reiteración, el tope puede escalar hasta $774.605.184. Ese nivel convierte a la multa en una variable con impacto real sobre la gestión operativa, la política de mantenimiento y la administración del riesgo regulatorio.

La actualización se apoyó sobre el mecanismo semestral que ya venía usando el organismo para recalibrar las sanciones con criterios de precios. En términos prácticos, eso implica que el régimen deja de ser una referencia estática y se transforma en un parámetro que seguirá ajustándose con el tiempo. Para las empresas, el mensaje es claro: la exposición por incumplimientos ya no puede leerse como una contingencia marginal.

La decisión también endurece el contexto para contratistas y operadores periféricos que interactúan con instalaciones, documentación técnica o procesos auditables del sistema. En ese universo, una falla administrativa, una omisión de seguridad o un apartamiento procedural puede tener ahora una traducción económica mucho más severa. Para 2026, el tablero quedó definido: el ENARGAS no solo preservó su capacidad sancionatoria, sino que la revalorizó en magnitud y en efecto disuasivo.