El 15 de mayo de 2026, Darío Ruiz, de 43 años, murió aplastado por una tubería durante maniobras de izaje en el yacimiento La Angostura Sur, Neuquén. Trabajaba para AESA, subsidiaria de YPF. Cinco días después, el 20 de mayo, Sergio Adrián Samchuk (47) y Gastón Antonio Andrada (40) fallecieron en la explosión de una cisterna en la base operativa de TSB S.A. en Chachahúen Sur, sobre la frontera mendocina: un soplete encendido entró en contacto con gases residuales acumulados en el interior del vehículo durante tareas de mantenimiento. Tres muertes, dos empresas contratistas, dos tipos de operación de alto riesgo —izaje y trabajos en caliente— en siete días.

El patrón en TSB S.A. es especialmente revelador desde la óptica sistémica. La empresa acumula al menos cuatro muertes en operaciones propias en poco más de dos años: José Quiles (febrero de 2024, atrapado entre camiones), Damián Lobos (julio de 2025, aplastado por un vehículo) y los dos fallecidos en mayo de 2026. La reincidencia en una misma empresa contratista de transporte y servicios no es ruido estadístico: es una señal de que la arquitectura de control de riesgos en el eslabón proveedor no está funcionando, y que el régimen de habilitación y auditoría no detecta ni penaliza los patrones acumulados.

El contexto operativo agrava el diagnóstico. La productividad laboral en Vaca Muerta aumentó un 14% entre 2024 y 2025 y un 50% en la última década, según relevamiento de Opsur. Esa presión estructural comprime los tiempos de mantenimiento y reduce los márgenes para habilitar correctamente trabajos en caliente o izajes sobre líneas activas. El problema no es la capacidad técnica del sector: es que los mecanismos de habilitación y supervisión de tareas de alto riesgo en el eslabón contratista no se rediseñaron al mismo ritmo que crecía la demanda productiva.

El antecedente judicial refuerza el diagnóstico de costo bajo para el incumplimiento. En la causa por la explosión en la refinería NAO (septiembre de 2022, tres muertes), la fiscalía identificó condiciones deficientes de seguridad y ausencia de procedimientos formales. Los cinco imputados fueron absueltos. La empresa abonó 4 millones de pesos —aproximadamente USD 2.800 al tipo de cambio de referencia— como pena alternativa, según el mismo relevamiento de Opsur. Ese nivel de consecuencia económica no genera incentivos para rediseñar sistemas de control: los consolida.

La proyección estructural apunta a un problema de escala regulatoria. Mientras la supervisión de contratistas siga siendo puntual, reactiva y con consecuencias jurídicas mínimas, los incidentes fatales en trabajos en caliente e izajes operarán como señal de un sistema que tolera la fricción hasta el quiebre. El umbral de cambio real está en dos palancas: la auditoría sistemática de planes de trabajo de alto riesgo en contratistas de segunda y tercera línea, y la incorporación de consecuencias operativas —inhabilitación de contratos, suspensión de permisos— para las empresas con patrones documentados de reincidencia. Sin esos mecanismos, el crecimiento de la productividad seguirá trasladando el riesgo operativo hacia el eslabón más expuesto y menos supervisado de la cadena.