El 7 de agosto de 2026, Halliburton Argentina notificó a sus contratistas regionales en Vaca Muerta un recorte unilateral de hasta el 23% en contratos vigentes, con un plazo de siete días y sin instancia de negociación previa. La respuesta fue inmediata: la Federación de Empresas Contratistas del Neuquén (FECENE) y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Neuquén, conducido por Marcelo Rucci, rechazaron públicamente la medida y advirtieron sobre su impacto directo en el empleo regional.

El rechazo opera en un vacío institucional. No existe en Argentina un mecanismo de arbitraje sectorial obligatorio para dirimir conflictos contractuales entre operadoras de gran porte y sus proveedoras locales. El conflicto queda sin canal formal de resolución, sin árbitro técnico y sin plazo vinculante.

El RIGI como caso de diseño incompleto

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI, Ley 27.742), promulgado en julio de 2024, concentró su arquitectura en atraer capital de gran escala y garantizar estabilidad fiscal y regulatoria para los inversores. Lo que no incorporó son cláusulas de protección contractual para los proveedores pyme locales que integran la cadena de suministro de esas inversiones. El resultado es una asimetría estructural: el RIGI reduce el riesgo regulatorio para las operadoras adherentes, pero no define salvaguardas para las empresas que les prestan servicios.

La magnitud de la brecha

El contexto agrava la asimetría. El GAPP (Grupo de Acción de Pequeñas y Medianas Empresas Proveedoras Petroleras) reportó en agosto de 2026 que el 16% de las pymes del sector energético argentino despidió personal en lo que va del año, el 44% no incorporó nuevo personal desde comienzos de 2026 y el 38% opera por debajo del 75% de su capacidad instalada. Halliburton, en contraste, había reportado ganancias netas globales de US$534 millones en el segundo trimestre de 2026, apenas diecisiete días antes de notificar los recortes a sus proveedoras neuquinas.

Hacia un rediseño institucional

El conflicto abre tres frentes de reforma posibles. Primero, incorporar al RIGI una cláusula de equidad contractual que obligue a las operadoras adherentes a notificar con mínimo 60 días y a participar en mediación antes de modificar contratos unilateralmente. Segundo, crear un tribunal arbitral sectorial con competencia específica en disputas entre grandes operadoras y proveedores locales. Tercero, establecer condiciones contractuales mínimas como requisito de acceso al régimen de incentivos, de modo que la estabilidad ofrecida al inversor tenga su correlato en estándares de trato a la cadena proveedora.

Sin esos elementos, el RIGI seguirá siendo un instrumento eficaz para atraer capital y un espacio abierto para que ese capital redefina unilateralmente las condiciones de los contratos locales sin contrapeso institucional.

Señales a monitorear: respuesta del Ministerio de Trabajo ante el rechazo del Sindicato Petrolero; eventual presentación judicial de FECENE; posibles modificaciones reglamentarias al RIGI en el segundo semestre de 2026.