Argentina dio un paso estructural en la gestión de su infraestructura eléctrica: el gobierno nacional abrió la licitación internacional del proyecto AMBA I, primera de 16 iniciativas de un Plan Nacional de Expansión que prevé inversiones superiores a USD 6.600 millones e incorporará 5.610 km de nuevas líneas de 500 kV en todo el país.

El modelo, no solo la obra

La novedad central no es la magnitud técnica, sino el mecanismo. AMBA I introduce un esquema de concesión privada sin recursos fiscales: el adjudicatario construye, opera y mantiene la infraestructura, y recupera la inversión a través de tarifas reguladas durante el período de concesión. El Estado define los requerimientos técnicos y regula; el privado asume el riesgo de construcción y operación. En la historia reciente del transporte eléctrico argentino, ese tipo de mecanismo no tenía precedente a esta escala.

Los números del primer proyecto

El alcance técnico de AMBA I es considerable: 270 km de nuevas líneas en los niveles de 500 kV, 220 kV y 132 kV, una nueva estación transformadora en Plomer con transformación en los tres niveles de tensión, y sistemas de compensación reactiva STATCOM para mejorar la estabilidad de la red. La expansión apunta a sumar aproximadamente 2.000 MW de capacidad adicional a la región metropolitana, que concentra el 40% de la demanda eléctrica nacional, según datos del Ministerio de Energía.

La inversión estimada para este primer proyecto asciende a USD 800 millones. El cronograma prevé que la presentación del Sobre N°1 —calificación técnica y financiera— se realice en la primera quincena de diciembre de 2026, con adjudicación esperada para principios de 2027. El plazo máximo de construcción está fijado en 52 meses, dividido en dos fases.

Marco de incentivos y respaldo financiero

El proyecto cuenta con dos condiciones que amplían la base de interesados internacionales. El adjudicatario podrá inscribirse en el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que ofrece estabilidad regulatoria y tributaria por el período de la inversión. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo está estructurando una garantía financiera para el proyecto, lo que reduce el riesgo soberano percibido por potenciales oferentes extranjeros.

La restricción real es la ejecución

La restricción física no es el capital: es la capacidad de ejecución en tiempo. Construir 270 km de líneas de alta tensión en 52 meses en la zona más densa del país requiere coordinación municipal, gestión de servidumbres de paso y logística de materiales de larga entrega —transformadores de potencia, cables de alta tensión— con plazos de fabricación que pueden superar los 18 meses.

Señales a monitorear: el número de empresas que retiren documentación del pliego, si algún consorcio con experiencia en Brasil o Chile se postula para la calificación técnica, y el avance de la estructuración de garantía del BID. La adjudicación de AMBA I será el primer test real de si el nuevo modelo de concesión privada puede ejecutarse a la velocidad que el sistema eléctrico argentino necesita.