El gobierno argentino activó el 11 de junio de 2026 la convocatoria formal para renegociar 446 convenios colectivos de trabajo. El detonante es la Ley 27.802 y sus Decretos reglamentarios 407 y 408, que eliminaron la ultraactividad: el mecanismo que mantenía en vigor de manera automática los acuerdos colectivos vencidos hasta tanto se firmara uno nuevo. El plazo para cerrar todos los nuevos convenios vence el 1 de enero de 2027.

El cambio estructural

La ultraactividad era el seguro de continuidad del sistema de relaciones laborales argentino: mientras no hubiera acuerdo, el convenio vigente seguía rigiendo. Con su eliminación, los acuerdos vencidos se extinguen y la ausencia de un nuevo convenio genera un vacío normativo. Los trabajadores quedan sujetos únicamente al estatuto general de la Ley de Contrato de Trabajo y a los pisos del convenio de actividad, sin las mejoras pactadas sectorialmente.

Esta lógica invierte la posición negociadora. Antes, el sindicato podía resistir sin ceder porque el tiempo jugaba a su favor: el convenio seguía rigiendo. Ahora el tiempo opera en contra: sin acuerdo al 1 de enero de 2027, los trabajadores pierden derechos convencionales. La presión de plazo se trasladó al lado sindical.

La respuesta gremial: denuncia ante la OIT

La Confederación General del Trabajo respondió con una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo. Según Canal 26, la CGT argumenta que la norma viola los Convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y negociación colectiva, al alterar estructuralmente el equilibrio de poder en las mesas de negociación. La OIT aún no emitió respuesta pública.

Alcance y sector energético

Los 446 convenios convocados abarcan cláusulas sobre salarios, adicionales, categorías laborales, jornada de trabajo y cuotas sindicales. El sector energético opera con convenios propios registrados en el sistema oficial del Ministerio de Trabajo, entre ellos el CCT 644/12 del sector petrolero. La convocatoria global los comprende, aunque la lista desagregada por sector aún no fue publicada.

Rediseño institucional necesario

La eliminación de la ultraactividad cambia la palanca negociadora, no la arquitectura. Un diseño institucional sólido debería incorporar tres elementos: plazos diferenciados por sector según complejidad negocial, un arbitraje obligatorio ante vacíos que superen 90 días, y publicación en línea del estado de cada renegociación para reducir la asimetría de información entre partes. Sin esos dispositivos, la reforma opera como presión negociadora sin soporte institucional adecuado.

Señales a monitorear: avance del calendario de renegociaciones sector por sector; primera respuesta formal de la OIT a la denuncia de la CGT; publicación de la lista desagregada de los 446 convenios; posición pública del sector energético sobre el CCT 644/12 ante el nuevo régimen.