El 5 de junio de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo que termina con más de una década de opacidad: ordenó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y al SEGEMAR publicar los registros sísmicos vinculados a operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta desde 2012. La resolución judicial llega en el momento de mayor presión operativa sobre la cuenca y expone la brecha entre la aceleración productiva y la capacidad estatal de monitorear sus consecuencias.

La curva que el fallo no puede ignorar

En los primeros cinco meses de 2026, se registraron 31 sismos inducidos en la cuenca Neuquina. Esa cifra equivale a una tasa que supera en un 70% el ritmo del año anterior, que ya era el récord histórico para la formación: 2025 acumuló 105 terremotos, el mayor número desde el inicio del fracking en 2013. La correlación geoespacial entre los sismos y los pozos no convencionales fracturados desde 2015 —documentada por el investigador Javier Grosso desde 2018— sugiere que la intensificación productiva de Vaca Muerta está empujando la sismicidad inducida a niveles sin precedente en Argentina.

El mecanismo físico es establecido: la inyección de fluidos a presión modifica el estado de esfuerzo sobre fallas preexistentes. Cuando esa alteración supera el umbral de cohesión de la roca, la falla desliza y genera un sismo. La profundidad característica de los eventos registrados —entre 4 y 8 kilómetros— los coloca exactamente en el rango donde los pozos horizontales interactúan con las fracturas naturales de la formación.

La restricción institucional: menos personal, más sismicidad

El fallo judicial llega en el peor momento institucional posible. La fusión de INPRES con SEGEMAR en 2025 implicó una reducción del 40% del personal técnico especializado en sismología: el organismo pasó de 50 a 32 empleados. El mismo organismo al que la Justicia le exige mayor transparencia opera hoy con menos capacidad que nunca para procesar, interpretar y publicar datos sísmicos en tiempo real.

En otras cuencas con alta densidad no convencional —la cuenca Pérmica en Estados Unidos y las zonas productivas de Alberta en Canadá— los reguladores implementaron protocolos de semáforo sísmico (Traffic Light Protocols, TLP): si un evento supera una magnitud umbral, el operador debe reducir presiones de inyección, pausar operaciones o suspenderlas. Argentina no tiene ningún esquema equivalente formal para el recurso no convencional en Vaca Muerta.

Escenario viable: de la transparencia al protocolo

El fallo es un punto de partida técnico, no una solución de gestión. Para que los datos sísmicos sean operativamente útiles, Argentina necesita combinar la publicación de los registros históricos desde 2012 con umbrales de respuesta operativa vinculantes para los operadores. Sin esa regulación complementaria, los datos publicados quedarán como archivo histórico en lugar de convertirse en una herramienta de gestión de riesgo en tiempo real.

Señales a monitorear: la publicación efectiva del catálogo sísmico por INPRES-SEGEMAR y su resolución temporal; la respuesta de los operadores con bloques de alta densidad en Rincón del Mangrullo y el área de Añelo; y si el Ministerio de Energía de Neuquén activa algún proceso regulatorio sobre protocolos de parada ante eventos sísmicos inducidos.