La fuga y deflagración del 1 de marzo en el KP 43 del ducto de Camisea no fue solo un evento de emergencia: también puso bajo revisión la capacidad de respuesta de una infraestructura que abastece Lima, Callao y la cadena de GLP.

El Ministerio de Energía y Minas reportó 48 % de avance de reparación el 9 de marzo y 52 % el 10, mientras la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el Gobierno había habilitado suministro a 320 empresas esenciales y que más de 1,2 millones de familias accederían al vale FISE de GLP. Radio Nacional añadió que la afectación alcanzó tanto al ducto de líquidos como al de gas seco, el tramo que alimenta el mercado más sensible del país.

A medida que la obra avanzó, el dato útil dejó de ser técnico y pasó a ser institucional. El 12 de marzo, los reportes oficiales ya ubicaban la reparación en 74 %, y al día siguiente Osinergmin la estimó cerca del 90 %, con la reapertura del GNV al día siguiente y el restablecimiento progresivo del sistema industrial y eléctrico después. El regulador también mantuvo abierta la investigación sobre las causas de la deflagración, apoyado en inspecciones y análisis de campo.

La clave editorial está en la respuesta regulatoria. Osinergmin informó después que no otorgó la prórroga solicitada por el concesionario porque no se acreditaron condiciones excepcionales de fuerza mayor. En un sistema crítico, esa diferencia importa: si el regulador no compra la explicación técnica, el incidente deja de ser solo operativo y pasa a ser un caso de cumplimiento, mantenimiento y resiliencia. La lectura de fondo es menos espectacular, pero más relevante: Camisea mostró capacidad de reparación rápida, aunque también una dependencia alta de un solo nodo de transporte.

Veredicto técnico: avance real, resiliencia parcial.