ARCA reforzó el control sobre los combustibles líquidos con tratamiento fiscal diferencial. La Resolución General 5835/2026, publicada en el Boletín Oficial el 20 de abril de 2026, volvió obligatorio el uso del sistema marcador/reagente para las transferencias de combustibles gravados que tengan exención total o parcial o reducción de impuestos, incluidos los esquemas por destino industrial y por beneficio geográfico.

La norma no modifica la alícuota, pero sí endurece las condiciones operativas para sostener el beneficio. Los sujetos pasivos deben definir qué sistema homologado usarán y comunicarlo tanto a sus clientes como a la Subsecretaría de Combustibles Líquidos con una antelación mínima de 45 días corridos antes de su utilización. Ese mismo plazo también corre cuando haya reemplazo, sustitución o incorporación de un sistema adicional.

El cambio no se agota en el productor o importador. La resolución extiende obligaciones a distribuidores, adquirentes, estaciones de servicio y bocas de expendio en general. Antes de cada operación, distribuidores y adquirentes deben informar el destino que tendrán los productos para que se incorpore el marcador correspondiente cuando aplique el beneficio fiscal.

Además, los actores que reciben combustibles alcanzados deben realizar ensayos para detectar el marcador identificado en la documentación respaldatoria. La regla exige que esas pruebas se hagan por cada descarga y por tipo de combustible, con carácter previo a la descarga, lo que convierte a la trazabilidad en una exigencia de rutina dentro de la cadena comercial.

La señal regulatoria es clara: ARCA preserva el beneficio impositivo, pero eleva la vara del control para demostrar destino, trazado y consistencia documental. Para el mercado, el efecto inmediato no pasa por una suba de impuesto nominal sino por mayores exigencias de coordinación, ensayo y registro en operaciones que ya estaban sujetas a tratamientos diferenciales.