Decreto 693/2026: el ajuste parcial de agosto y el diferido fiscal que vence el 1° de septiembre
El gobierno aplicó desde el 1° de agosto un aumento mínimo en los impuestos al combustible —apenas +0,5% en nafta y +0,75% en gasoil— pero postergó al 1° de septiembre la carga acumulada desde 2024. Con el Brent en US$88,90 por barril y la nafta super acumulando casi 30% en 2026, el ajuste diferido de septiembre concentra el riesgo de costos para el sector logístico y transportista.
El Decreto 693/2026, firmado el 31 de julio, aplicó desde el 1° de agosto ajustes mínimos al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al impuesto al CO2. Para la nafta sin plomo: ICL +$10,572 por litro y CO2 +$0,648 por litro. Impacto al surtidor en Córdoba: aproximadamente $11 por litro, equivalente a +0,5%. Para el gasoil común: ICL +$9,511 por litro y CO2 +$1,084 por litro. Impacto: unos $14 por litro, o +0,75%.
Los números del decreto son pequeños. El problema es lo que no está en él.
El gobierno difirió al 1° de septiembre toda la carga impositiva acumulada entre 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. Esa decisión no elimina la deuda fiscal: la pospone. En términos de estructura de costos, el ajuste de agosto es ruido. El evento de septiembre es el riesgo real.
El contexto de precios amplifica la urgencia. Según Inforegion, la nafta super en Capital Federal acumuló +29,89% entre enero y mayo de 2026, pasando de $1.566 a $2.034 por litro. El salto más abrupto ocurrió entre febrero y marzo (+24,2%), cuando el Brent alcanzó US$118,50 por barril durante la crisis en el Estrecho de Ormuz. Ese shock ya está absorbido por los consumidores; el ajuste diferido no.
Al 3 de agosto, la EIA registraba el Brent en US$88,90 por barril y el WTI en US$81,96. El analista Daniel Montamat señaló el umbral de US$90 como nivel clave para las proyecciones de precios locales. El crudo está por debajo de ese umbral, pero el margen es estrecho y la dirección, incierta.
Las provincias patagónicas —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el partido de Patagones y el departamento de Malargüe— tienen un diferencial ICL adicional de $5.150 por litro sobre el gasoil. El Decreto 693/2026 ajustó ese diferencial regional en línea con las tablas nacionales, pero el sobrecosto patagónico estructural sigue vigente.
Señales a monitorear: el 1° de septiembre es la fecha de vencimiento del diferido fiscal. Si el Brent supera los US$90 antes de esa fecha, la capacidad de absorción en el surtidor cae y el ajuste impacta con más fuerza sobre los márgenes de logística y transporte. Si el ejecutivo vuelve a diferir, el pasivo fiscal crece y la credibilidad de la política de normalización energética se deteriora. Ambos escenarios destruyen valor para los sectores con mayor intensidad de uso de combustible.
Los números del decreto son pequeños. El problema es lo que no está en él.
El gobierno difirió al 1° de septiembre toda la carga impositiva acumulada entre 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026. Esa decisión no elimina la deuda fiscal: la pospone. En términos de estructura de costos, el ajuste de agosto es ruido. El evento de septiembre es el riesgo real.
El contexto de precios amplifica la urgencia. Según Inforegion, la nafta super en Capital Federal acumuló +29,89% entre enero y mayo de 2026, pasando de $1.566 a $2.034 por litro. El salto más abrupto ocurrió entre febrero y marzo (+24,2%), cuando el Brent alcanzó US$118,50 por barril durante la crisis en el Estrecho de Ormuz. Ese shock ya está absorbido por los consumidores; el ajuste diferido no.
Al 3 de agosto, la EIA registraba el Brent en US$88,90 por barril y el WTI en US$81,96. El analista Daniel Montamat señaló el umbral de US$90 como nivel clave para las proyecciones de precios locales. El crudo está por debajo de ese umbral, pero el margen es estrecho y la dirección, incierta.
Las provincias patagónicas —Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, el partido de Patagones y el departamento de Malargüe— tienen un diferencial ICL adicional de $5.150 por litro sobre el gasoil. El Decreto 693/2026 ajustó ese diferencial regional en línea con las tablas nacionales, pero el sobrecosto patagónico estructural sigue vigente.
Señales a monitorear: el 1° de septiembre es la fecha de vencimiento del diferido fiscal. Si el Brent supera los US$90 antes de esa fecha, la capacidad de absorción en el surtidor cae y el ajuste impacta con más fuerza sobre los márgenes de logística y transporte. Si el ejecutivo vuelve a diferir, el pasivo fiscal crece y la credibilidad de la política de normalización energética se deteriora. Ambos escenarios destruyen valor para los sectores con mayor intensidad de uso de combustible.
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Analizo energía desde la disciplina del capital, los costos y la creación de valor. Me apoyo en ratios, spreads, contratos y comparaciones financieras para mostrar qué decisiones destruyen rentabilidad y cuáles fortalecen la posición económica de un proyecto.
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